Agricultura confía en tener un borrador de la nueva Ley de Caza en febrero

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Los integrantes del grupo de trabajo que la Consejería de Agricultura ha creado para modificar la Ley de Caza (aprobada por el anterior Ejecutivo) ya han realizado sus aportaciones de cara a la redacción de un borrador que contenga un nuevo articulado, después de que el responsable del ramo, Franscico Martínez, confiase en tenerlo listo en el mes de febrero.
El responsable de Aproca, Luis Fernando Villanueva, cree que será «complicado» que el próximo mes pueda haber un borrador, tanto por el parón navideño como por el hecho de que la Consejería no se haya pronunciado aún sobre las propuestas de cambio que han realizado las partes que forman este grupo de trabajo.
Villanueva ha explicado que dicho grupo de trabajo (conformado por representantes de la Consejería, Federación de Caza, Aproca, Atica, la Plataforma contra la Ley de Caza, Ecologistas en Acción y WWF ‘SeoBirdlife’), ha dividido el articulado de la ley en tres partes.
Las realizadas por Aproca son  modificaciones puntuales y sencillas, que pasan, por ejemplo, por el concepto de calidad cinegética. Abogan por que la creación de la marca de calidad contemplada en la actual Ley no esté relacionada con la actividad cinegética, sino con la gestión, como ocurre en el resto de los países europeos.
De igual modo, consideran necesario que se modifique la terminología de las especies exóticas, pues creen que la norma regional va contra la estatal y demandan una «mayor laxitud» en la documentación que se le exige a los cazadores extranjeros que vienen a la región, a fin de intentar fomentar ese tipo de turismo. También quieren que el Gobierno regional detalle y clarifique la prohibición de cazar en los días de nieve.
Por último, Villanueva ha criticado que las propuestas presentadas por las organizaciones ecologistas sean casi una «enmienda a la totalidad» a la actual Ley de Caza y un tanto «lesivas» para la actividad cinegética. Por ello se ha mostrado confiado en que la Administración regional «haga de filtro» a sus reivindicaciones.

La ONC se reúne con Isabel García Tejerina

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También participaron en la reunión el presidente de la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y la conservación del Medio Ambiente (APROCA), Luis Fernando Villanueva, el presidente de la Federación Andaluza de Caza, Jose María Mancheño y el presidente de la Junta de Homologación Nacional, Alonso Álvarez de Toledo.

En la reunión, los representantes de los cazadores han pedido a la ministra que la nueva Ley de Montes acabe con lo que consideran un caos legislativo en materia cinegética entre las diferentes comunidades autónomas. Aunque las competencias en legislación cinegética están transferidas a las autonomías, Luis Fernando Villanueva ha señalado que la futura ley sí puede marcar una directrices a nivel nacional para homogeneizar aspectos, como ya se ha hecho con la implantación de licencias únicas de caza en ocho comunidades autónomas.

«Es difícil coordinar a muchas regiones, pero ese es el objetivo», ha remarcado el presidente de APROCA. Por otro lado, en el encuentro han solicitado que se incluya a la ONC dentro del Consejo Estatal para el patrimonio natural y la biodiversidad o en el Consejo Asesor de medio ambiente.

Ha justificado esta petición porque la ONC no sólo está conformada por cazadores, sino también por propietarios de fincas y titulares de cotos que son dueños de pastos naturales protegidos.

Fuente: Club de Caza

El sector cinegético destaca el carácter social e innovador de la Ley de Caza

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La Federación de Caza de Castilla-La Mancha y la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y la Conservación del Medio Ambiente en Castilla-La Mancha (APROCA) han puesto en valor el carácter «social e innovador» de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y han asegurado que los grupos ecologistas están ofreciendo informaciones falsas entorno a esta ley.

La Federación de Caza de Castilla-La Mancha y la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y la Conservación del Medio Ambiente en Castilla-La Mancha (APROCA) han puesto en valor el carácter “social e innovador” de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y han asegurado que los grupos ecologistas están ofreciendo informaciones falsas entorno a esta ley.

El presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Juan de Dios García, y el presidente de APROCA Castilla-La Mancha, Luis Fernando Villanueva, en rueda de prensa, han querido aclarar todos y cada uno de los aspectos por los que los grupos ecologistas han solicitado la paralización del proyecto de ley.

Para García y Villanueva, las declaraciones de los grupos ecologistas y la creación de la plataforma en contra de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, “serían respetables si tuvieran un mínimo de veracidad y no tuvieran una clara intención política a pocas fechas de las elecciones regionales”.

También han aprovechado su presencia ante los medios de comunicación para lamentar las declaraciones realizadas hace unos días por el secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, quien comentó que “a partir de mayo, con su posible llegada al Gobierno, hará una ley de acuerdo con el sector y que no responda a los intereses de unos pocos”.

La Federación y APROCA le han recordado al portavoz del PSOE y candidato a la Junta, que todo el sector cinegético regional está de acuerdo con la ley y que no sólo ha sido estudiada con el mundo de la caza, sino que recoge cerca de 200 alegaciones, muchas de ellas de los propios grupos ecologistas, como lo demuestra el hecho de ser “quince los artículos con los que los cazadores no están de acuerdo, pero que en un ejercicio de responsabilidad han entendido la necesidad de tener una visión global de la ley”.

Los representantes del sector cinegético han salido al paso en esta comparecencia ante los medios, a las afirmaciones de los ecologistas sobre la ley, señalando que no es cierto que se permita matar perros y gatos de cualquier persona, y han querido dejar muy claro que en ni uno sólo de los 81 artículos y 17 disposiciones adicionales se menciona, una sola vez matar perros o gatos.

En su opinión, estas afirmaciones “delatan con claridad las intenciones de ecologistas, que tienen como único fin herir las sensibilidades de los no cazadores”.

García y Villanueva han asegurado que con respecto al cierre de caminos públicos, los ecologistas “nuevamente intentan demagógicamente confundir a la sociedad”, ya que, no sólo la ley no refleja nada al respecto, sino que las competencias en esta materia no las tiene la administración regional, sino, los ayuntamientos.

Eso sí, la ley, a petición del sector, han dicho, “incide en la necesidad, en aras de evitar accidentes de caza se debe señalizar y avisar de la celebración de una cacería”.

También se han referido a la última noticia que los ecologistas han filtrado a los medios y que, han señalado, “es otra clara falsedad”, ya que dicen que la Ley de Caza impone sanciones desde 200.000 hasta 2.000.000 de euros para aquellas personas que molesten la actividad cinegética, con mención clara a los seteros, cicloturistas o senderistas, algo que no es verdad.

Los representantes del sector cinegético han desmentido rotundamente esta información, hasta el punto, han señalado,“que la Ley de Caza establece como sanciones más graves hasta un máximo de 30.000 euros, y, en ningún caso, éstas se aplicarían en el caso citado”.

En cuanto a las cuestiones positivas de esta ley, Juan de Dios García ha destacado tres temas que hacen de esta ley una norma con un carácter netamente social.

Así, ha citado la creación de las zonas colectivas de caza que benefician a las sociedades locales de cazadores, la bonificación en tasas a estos cotos y, la aclaración de la responsabilidad de los daños a la agricultura que, ha dicho,“marcan un cambio significativo en el futuro de la caza social en esta región”.

Por otro lado, Luis Fernando Villanueva ha subrayado el carácter innovador y profesional de esta ley, así como la creación de los planes de ordenación cinegética y la necesidad de una mayor conocimiento sobre la gestión forestal sostenible, los planes zoosanitarios y las asociaciones de defensa sanitaria que aseguran el control de la sanidad de las especies, destacando asimismo el control de la pureza genética en el desarrollo de esta ley.

En contraposición, tanto APROCA como la Federación de Caza han asegurado que echan de menos en esta ley “una apuesta más clara para salvar la caza menor en la región, donde algunas especies, como la perdiz roja, están pasando por un momento crítico”.

Asimismo, también han sido críticos con el desarrollo de un régimen sancionador excesivo de la Ley de Conservación de la Naturaleza o la desaparición de las vías pecuarias de la superficie de los acotados.

En definitiva, tanto desde APROCA como desde la Federación de Caza de Castilla-La Mancha se ha hecho un llamamiento a la cordura para el correcto desarrollo de una Ley de Caza que, han asegurado, “cumple con las necesidades del sector cinegético y de la conservación del medio natural”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba la nueva ley de caza, “una norma social que garantiza la conservación de la naturaleza”

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Según ha anunciado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo regional, Leandro Esteban
Destaca la importancia económica de la actividad cinegética en nuestra tierra

Subraya la creación de planes de ordenación cinegética y de planes zoosanitarios para prevenir y controlar enfermedades en las especies

El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, y portavoz del Ejecutivo regional, Leandro Esteban, ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana el proyecto de ley de Caza de Castilla-La Mancha, “una norma que tiene carácter social, puesto que favorece y facilita la caza a los aficionados de los municipios rurales y, además, garantiza la conservación de la naturaleza y la mejora genética y sanitaria de las especies”.

Según ha informado en rueda de prensa Leandro Esteban, la nueva ley “simplifica y agiliza los trámites administrativos, adapta la actividad cinegética a la realidad social y económica de la región, y presta especial atención a la conservación del medio natural y al aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos”.

Asimismo, el portavoz del Gobierno ha resaltado la importancia económica que tiene la actividad cinegética en nuestra región. “La caza en Castilla-La Mancha es un importante sector económico generador de ingresos y de empleo, por lo que tanto merece una especial atención, como la que el Gobierno de Cospedal propone con esta normativa”, ha aseverado.

Novedades de la nueva ley de caza
Entre las novedades más importantes y con el fin de mantener la pureza genética, la nueva ley fija planes de conservación del patrimonio genético de las especies más sensibles, como la perdiz roja o el ciervo ibérico, a la vez que impulsa una ‘Marca de Calidad Cinegética’. Además, establece una forma más flexible y rápida para la creación, ampliación o segregación de cotos de caza.

Por otro lado, en la nueva normativa también se impulsan los planes de ordenación cinegética, que incluirán infraestructuras de protección contra incendios forestales y medidas de autoprotección para gestionar emergencias sanitarias en caso de accidente en el coto.

Asimismo, incluye planes zoosanitarios para prevenir y controlar enfermedades en las especies cinegéticas, especialmente aquellas que puedan afectar a la fauna silvestre, al ganado doméstico o a las personas.

El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas ha asegurado que la nueva norma podrá entrar en vigor antes de que finalice la legislatura, toda vez que ahora será remitido ahora a las Cortes para su debate y votación, una vez que el Consejo Consultivo ya ha emitido su dictamen.

Fuente: JCCM

 

Extremadura aprueba la modificación de su Ley de Caza

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El Parlamento de Extremadura ha aprobado por unanimidad la modificación de la Ley de Caza y de la ley sobre Tasas y Precios Públicos para salvar “lagunas” o “carencias” detectadas desde la puesta en marcha de la norma que regula la actividad cinegética en la región.

La diputada relatora, la ‘popular’ Virginia Alberdi ha resaltado el acuerdo de las fuerzas políticas en torno a la modificación de estas normas, un hecho cuyo resultado “honra” a sus redactores y expresa el “grado de consenso” alcanzado.

En su intervención, ha recordado que la Ley de Caza, que data de 2010, introdujo un principio básico en el ordenamiento jurídico de la región y que fue el reconocimiento de la caza como actividad social y económica, consolidando como objetivos fundamentales la planificación cinegética, la simplificación administrativa, la profesionalización del sector y el fomento de las especies, así como el aumento de la biodiversidad.

Con ello, se establecieron en Extremadura unas “condiciones envidiables” para la caza que no se encuentran en “ninguna parte del mundo”, ha aseverado la diputada regional.

Sin embargo, ha precisado que la aplicación durante estos años de la norma, algunas “carencias” y otras “lagunas” detectadas hacía necesaria su modificación.

Así, la reforma propuesta en el dictamen y aprobada este jueves afecta a los terrenos que se segreguen de aquellos calificados como cinegéticos bajo gestión pública, permitiendo que bajo ellos se constituyan cotos de caza sin necesidad de esperar al transcurso del plazo establecido anteriormente y con el único fin de la constitución de refugios para la caza.

El régimen sancionador contemplado en esta modificación, ha precisado, delimita el contenido de algunas infracciones coordinándolo con las prohibiciones previstas en la ley y con el régimen establecido para las autorizaciones y comunicaciones previas de las acciones cinegéticas, que se adaptan a la realidad y “en garantía” de una “adecuada protección y conservación” del medioambiente.

De igual forma, y en el régimen de cotos, se introduce un porcentaje máximo de superficie de enclaves gestionados necesarios para una correcta gestión cinegética y se modifica el régimen de prohibiciones con el fin de adaptar la regulación al nuevo modelo de gestión cinegética según el cual no se considerará el coto en su conjunto sino que se podrá realizar una gestión por partes, distinguiéndose partes abiertas y partes cerradas frente a los cotos abiertos y cotos cerrados de la anterior regulación.

También se concreta el régimen de la tenencia en cautividad de las especies de caza para limitarlas a aquellas que se empleen como medios auxiliares para la caza, permitiéndose la tenencia de las no incluidas en la categoría.

Finalmente, como ha recalcado Alberdi, se modifican algunos otros artículos para aclarar su sentido y despejar “algunas dudas interpretativas” introduciéndose y modificando algunas tasas.

Entre ellas se modifica la tasa por autorización de introducción y reintroducción de especies cinegéticas, donde las sociedades locales tendrán una bonificación del 70 por ciento; y la tasa por autorización de acciones cinegéticas sometidas al régimen de autorización administrativa previa, donde la sociedades locales tendrán, en este caso, una bonificación del 50 por ciento.

También se modifica la tasa de licencia de caza, donde los cazadores federados tendrán una bonificación del 10 por ciento; la tasa por autorización de pruebas deportivas de caza, donde las sociedades locales tendrán una bonificación del 70 por ciento; y la tasa por comprobación y tramitación de las comunicaciones previas de acciones cinegéticas, en la que las sociedades locales tendrán una bonificación del 20 por ciento.

Fuente: Cazawonke

APROCA y la Federación desmontan a los ecologistas

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Luis Fernando Villanueva y Juan de Dios García, presidentes de Aproca y de la Federación de Caza de Castilla La Mancha respectivamente, han denunciado la “demagogia” empleada por Ecologistas en Acción a la hora de justificar su posición en contra al proyecto de Ley de Caza de Castilla-La Mancha.

En un comunicado de prensa, ha lamentado que esta organización este levantando falsedades cuyo único objetivo es “crear alarma en la sociedad civil”.

La principal falsedad, para estas organizaciones, trata de que la nueva Ley va a permitir la caza de perros y gatos por parte de los cazadores, incluso las inocentes mascotas de sus vecinos que se les puedan escapar en cualquier momento de descuido, lo que, han dicho, “es una falacia”, pero que ha hecho que no sean pocas las personas que manifiestan su protesta ante tal barbaridad, haciéndose eco incluso medios de comunicación nacionales.

Estas organizaciones han asegurado que la realidad es muy distinta a la alarma social que han creado y han asegurado que el Anteproyecto de Ley en ni un solo de sus 82 artículos cita a los perros o a los gatos.

El artículo 7, objeto de referencia, han señalado, lo que establece es que los animales domésticos asilvestrados podrán ser abatidos o capturados por razones sanitarias, de daños o de equilibrio ecológico, previa autorización del Órgano Provincial donde se especificará los medios de captura a utilizar que, en cualquier caso, serán selectivos y no actuarán en perjuicio de otras especies o de sus hábitats.

Además, han apuntado que el mismo Anteproyecto define qué es lo que se considera animal doméstico asilvestrado, que en nada se parece a lo que pudiera ser el perro o gato de cualquier vecino.

Según el sector cinegético, este hecho “lo vende” Ecologistas en Acción como novedoso en la futura norma, aunque, se contempla en la actual Ley de Caza vigente en la región, como también lo contemplan también la mayoría de leyes de otras regiones, entre ellas, el más reciente reglamento del año 2005 de Ordenación de la Caza de Andalucía.

Para Aproca y la Federación de Caza, el hecho de que no lo hayan criticado en estas comunidades autónomas, y en especial en Andalucía quizás se debe a los “intereses políticos” de Ecologistas en Acción.

Para García y Villanueva, lo más grave de todo es que los ecologistas hacen esta consideración conociendo sobradamente la problemática de los animales domésticos asilvestrados, por su capacidad de reproducirse, predar a las especies autóctonas, competir con ellas, desplazarlas, alterar sus hábitats naturales e incluso cruzarse con ellas alterando su pureza genética y calidad sanitaria.

En este sentido, han indicado que la posibilidad de no actuar sólo pueden ser considerados como una auténtica “bomba de relojería” en la naturaleza.

Es tal la preocupación que existe para los responsables del Medio Natural del Estado ante la expansión de estos animales y el peligro potencial que suponen que, han recordado, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, considera a estos animales asilvestrados como especies exóticas invasoras en su disposición adicional segunda a los efectos de la aplicación de las medidas de lucha contra estas especies.

Este catálogo es creado en el artículo 61.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que resulta ser legislación básica estatal sobre protección del medio ambiente, ley creada en la pasada legislatura y que tanto alabaron en su día todos y cada uno de los grupos ecologistas.

En definitiva, para la Federación y Aproca considera que este grupo ecologista se posiciona en contra de normas de protección del medio ambiente a nivel estatal, derivadas de normas europeas.

Además, han dicho, que con esta postura lo que están haciendo es situarse a favor de la proliferación de los cerdos vietnamitas, coatíes o mapaches, por citar algunos de estos animales, que no sólo están asentando sus poblaciones, sino que se incrementan y se cruzan con animales salvajes con el consecuente grave perjuicio para las especies autóctonas y para el medio natural.

Para ambas organizaciones, la razones que exponen los ecologistas para oponerse al Anteproyecto de caza son una “batería de falsedades” que, a su juicio, “no tiene desperdicio”.

Entre estas se encuentra que los ciudadanos se pueden encontrar el cierre de caminos públicos por motivos de caza, cuando la competencia de éstos corresponde a los Ayuntamientos y la futura ley nada dice en contra al respecto.

Asimismo, ha señalado que no es cierto que se incremente el número de cerramientos cinegéticos, cuando no se ha reducido la superficie mínima para ello, o que la nueva Ley de Caza solo se ocupa del aspecto mercantil de la caza, cuando esta ley provocará la desaparición de la mayoría de cotos comerciales dado que se les ha triplicado la tasa de matrícula.

Finalmente, han dicho que si algo tiene esta ley es un claro tinte social, al crear una nueva figura para sociedades de cazadores, las zonas colectivas de caza, donde, además se les reduce en un 50% la tasa de matrícula.

La Junta de Castilla-La Mancha acepta 169 alegaciones tras el período de información pública de la Ley de Caza

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El director general de Montes y Espacios Naturales, Javier Gómez-Elvira, ha señalado que durante el período de información pública del Anteproyecto de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha se han recibido alegaciones por parte de 34 personas o entidades, que han sido «estudiadas pormenorizadamente», y que han supuesto la aceptación parcial o total de 169 alegaciones, que han llevado a eliminar del texto original dos artículos, modificar 51 (de un total de 82), dos disposiciones adicionales, tres disposiciones finales y una derogatoria. Además, se ha añadido una disposición transitoria.

«Todas estas modificaciones han permitido sin duda mejorar el texto y adaptarlo a la realidad social y económica de Castilla-La Mancha, encontrando un equilibrio entre el desarrollo de una actividad de extensa tradición en nuestras zonas rurales y el respeto a la fauna y al medio ambiente», ha sostenido.

Gómez-Elvira ha recordado que el texto se ha remitido al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, como paso previo a su debate en las Cortes regionales y es resultado de «un gran número» de reuniones con todos los sectores implicados en la materia, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Asimismo, ha recordado que desde junio de 2013 –fecha en la que se estudió el primer borrador con las organizaciones ecologistas– la Dirección General de Montes y Espacios Naturales ha mantenido continuos contactos con todos los sectores implicados, y ha analizado el texto de forma conjunta y con carácter oficial tanto en el Consejo Asesor de Medio Ambiente –en dos ocasiones– como en el Consejo Regional de Caza, que se volverá a reunir en las próximas semanas, así como ha estado sometido a información pública desde el 7 de abril al 5 de mayo de 2014 tras su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Para Gómez-Elvira, esto evidencia que «el actual Anteproyecto, que sigue su trámite, es el resultado de una participación pública activa e intensa y una información transparente».

RESPETO A LA DISCREPANCIA

El director general de Montes de Castilla-La Mancha se ha mostrado comprensivo con las discrepancias desde diferentes ámbitos, ya que ha reconocido que la actividad cinegética «cuenta con detractores y también con decenas de miles de seguidores en nuestros pueblos, ya que es una tradición muy regulada que está muy vinculada a la cultura de Castilla-La Mancha y de otras muchas zonas de España y del mundo».
A estas diferentes visiones, ha contrapuesto las «malintencionadas falsedades que por parte de algún colectivo muy concreto se están propagando sobre aspectos que no recoge el anteproyecto y que pretende confundir a la opinión pública».
En este sentido, ha criticado que se difundan «barbaridades ficticias», como que el texto permite abatir perros o gatos, cuando se mantiene «exactamente el mismo texto de la Ley de 1993», que se refiere a capturas selectivas y excepcionales de animales asilvestrados en el caso exclusivo de amenaza sanitaria o daño ecológico, al igual que la normativa de otras comunidades autónomas de España de diferentes signos políticos.
Javier Gómez-Elvira ha expuesto que «el hecho de que las críticas se centren en aspectos que no son ciertos nos indica que se está realizando un trabajo serio y responsable, que nos permitirá sacar adelante una Ley de Caza sostenible, respetuosa con el entorno y de carácter social».

Fuente: Lanza Digital

Aprobada la modificación de la Ley de Caza de Extremadura y de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la región

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El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura y la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y ha acordado su remisión al Parlamento regional.

La modificación de esta ley se debe a las lagunas surgidas de su aplicación e incluso la complicada puesta en práctica en algunos casos. Así, se modificarán diversos aspectos relativos a los terrenos que se segreguen de los terrenos cinegéticos bajo gestión pública; al régimen sancionador; al régimen de los cotos; se concreta el régimen de la tenencia en cautividad de especies de caza; entre otros.

Aprobada la tramitación de la Ley de Caza de Aragón

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El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado para su tramitación en las Cortes aragonesas la nueva Ley de Caza. La simplificación de algunos elementos relacionados con la caza como la tipología, los instrumentos de gestión de los cotos y la obtención de las licencias, acabar con algunas indefiniciones legales como cazar en zonas de seguridad o el transporte de piezas abatidas y concretar el pago de los daños producidos en accidentes de tráfico por algunas especies son algunas de las principales novedades del Proyecto de Ley de Caza de Aragón aprobado, con respecto al anterior texto, vigente desde el año 2002.

Otras de las novedades están relacionadas con la mejora de las relaciones entre cazadores y agricultores en el caso de los daños producidos por especies cinegéticas, mejorar el rendimiento económico de las reservas y reglamentar con precisión la práctica de la caza en aspectos que no se encontraban bien definidos desde el punto de vista legal.
Con la modificación que se aprueba hoy, se quiere mejorar las tramitaciones administrativas que deben completar los cazadores, incluida la gestión de los terrenos cinegéticos; facilitar el relevo generacional; resolver el problema que se genera como consecuencia de los accidentes de tráfico producidos por las especies cinegéticas; favorecer la relación entre los intereses agrarios y los relacionados con la caza y actualizar el funcionamiento de las reservas de caza que tutela el Gobierno de Aragón.
El desarrollo de estas novedades supondrá que solamente exista una figura de coto desde el punto de vista de la caza de especies, es decir, que no habrá cotos de caza mayor y menor diferenciadas. La simplificación de los trámites apunta también a la creación de una única licencia, con la posibilidad de obtener una licencia de caza interautonómica, válida para cazar tanto en Aragón como en otras Comunidades Autónomas cuando existan los instrumentos jurídicos que lo hagan posible.
Tampoco será necesario realizar el examen de cazador, excepto en el caso de la obtención de la licencia de caza interautonómica. Se elimina, igualmente, la caducidad por transcurso del tiempo de la aplicación del Plan Técnico de Caza, de tal modo que los cambios que se produzcan se incorporarán al propio Plan, mediante la actualización del mismo.
El Proyecto hace especial énfasis en la seguridad durante las cacerías, sobre todo en el momento del abatimiento de la pieza, y como práctica excepcional se permiten los dispositivos para iluminar los blancos, en el caso de esperas nocturnas por daños a la agricultura.
En cuanto al transporte de especies cinegéticas vivas, el nuevo texto recoge que sólo las piezas de caza mayor que se transporten en vivo para su suelta en el medio natural o para su incorporación a granjas cinegéticas de la Comunidad Autónoma de Aragón requerirán identificación individualizada por un medio permanente.
En cuanto a la responsabilidad por daños de especies cinegéticas en la agricultura y ganadería y en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas en este nuevo texto se introducen modificaciones destinadas a evitar los problemas actuales. Cabe destacar al respecto la utilidad pública y el interés social de la caza derivados de la regulación y el control poblacional de las especies cinegéticas con el objeto de disminuir o evitar daños agrícolas, forestales y ganaderos así como accidentes de tráfico producidos por las mismas.
Con todo, cabe recordar que la caza es uno de los principales recursos económicos del medio rural aragonés, con más de 50.000 practicantes. Existen unos 1.400 cotos, que ocupan 4,3 millones de hectáreas.

UNAC: Baja la responsabilidad de las sociedades de cazadores por atropellos de especies cinegéticas

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La reciente aprobación de la Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, la cual ha dado un giro a la pesadilla que hasta hora tenían las sociedades de cazadores sin ánimo de lucro, ya que baja su responsabilidad en los accidentes de tráfico por atropellos de especies Cinegéticas ocurridos en las carreteras que discurren por el coto de los que son titulares. En este sentido, se ha modificado la«Disposición adicional novena. Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas.» de la  citada Ley, que queda redactada de la siguiente manera, como se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) Núm. 85 del Martes 8 de abril de 2014, y que entrará en vigor en el plazo de un mes: 

«En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas será responsable de los daños a personas o bienes el conductor del vehículo, sin que pueda reclamarse por el valor de los animales que irrumpan en aquéllas. 

No obstante, será responsable de los daños a personas o bienes el titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, el propietario del terreno, cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido doce horas antes de aquél. 

También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produzca el accidente como consecuencia de no haber reparado la valla de cerramiento en plazo, en su caso, o por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos.»

La Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad Valenciana (ADECACOVA) espera, que al igual que ha bajado la responsabilidad de las sociedades de cazadores titulares de cotos de caza en los siniestros provocados por especies cinegéticas en las carreteras con ésta modificación legal, también baje lo que se viene pagando a las compañías aseguradoras por los seguros de los cotos, al disminuir el riesgo de culpabilidad que hasta ahora se les atribuía a sus titulares. Asimismo considera que el titular de la carretera debería de construir pasos de fauna, y no eximirse de su responsabilidad por el simple hecho de disponer de la señalización específica de animales sueltos en los tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos. Pasos de fauna en las carreteras que se vienen reclamando desde hace años, y que las autoridades y responsables de las vías públicas no realizan.

ADECACOVA se congratula de la aprobación de dicha modificación, aunque está pendiente dar solución a los daños provocados por los conejos y jabalíes en la agricultura, el lobo en la ganadería, el zorro en las granjas avícolas, etc.; por eso  considera que la solución pasa por poner en marcha por parte de Administración la Propuesta SSPEFS -solución a los siniestros provocados por especies de fauna silvestre-, propuesta impulsada por la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) a instancias de ADECACOVA, la cual ha sido poco apoyada por el resto del sector cinegético, y que identifica quien sería el responsable de los daños que produjeran las especies silvestres, quien se haría cargo de efectuar los pagos de las indemnizaciones que procedieran con un fondo específico para ello, y quien gestionaría dicha siniestralidad, a seguranza y fondos, todo ello con la garantía de la Administración Pública.