La Federación de Caza de Castilla-La Mancha y la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y la Conservación del Medio Ambiente en Castilla-La Mancha (APROCA) han puesto en valor el carácter «social e innovador» de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y han asegurado que los grupos ecologistas están ofreciendo informaciones falsas entorno a esta ley.

La Federación de Caza de Castilla-La Mancha y la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y la Conservación del Medio Ambiente en Castilla-La Mancha (APROCA) han puesto en valor el carácter “social e innovador” de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y han asegurado que los grupos ecologistas están ofreciendo informaciones falsas entorno a esta ley.

El presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Juan de Dios García, y el presidente de APROCA Castilla-La Mancha, Luis Fernando Villanueva, en rueda de prensa, han querido aclarar todos y cada uno de los aspectos por los que los grupos ecologistas han solicitado la paralización del proyecto de ley.

Para García y Villanueva, las declaraciones de los grupos ecologistas y la creación de la plataforma en contra de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, “serían respetables si tuvieran un mínimo de veracidad y no tuvieran una clara intención política a pocas fechas de las elecciones regionales”.

También han aprovechado su presencia ante los medios de comunicación para lamentar las declaraciones realizadas hace unos días por el secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, quien comentó que “a partir de mayo, con su posible llegada al Gobierno, hará una ley de acuerdo con el sector y que no responda a los intereses de unos pocos”.

La Federación y APROCA le han recordado al portavoz del PSOE y candidato a la Junta, que todo el sector cinegético regional está de acuerdo con la ley y que no sólo ha sido estudiada con el mundo de la caza, sino que recoge cerca de 200 alegaciones, muchas de ellas de los propios grupos ecologistas, como lo demuestra el hecho de ser “quince los artículos con los que los cazadores no están de acuerdo, pero que en un ejercicio de responsabilidad han entendido la necesidad de tener una visión global de la ley”.

Los representantes del sector cinegético han salido al paso en esta comparecencia ante los medios, a las afirmaciones de los ecologistas sobre la ley, señalando que no es cierto que se permita matar perros y gatos de cualquier persona, y han querido dejar muy claro que en ni uno sólo de los 81 artículos y 17 disposiciones adicionales se menciona, una sola vez matar perros o gatos.

En su opinión, estas afirmaciones “delatan con claridad las intenciones de ecologistas, que tienen como único fin herir las sensibilidades de los no cazadores”.

García y Villanueva han asegurado que con respecto al cierre de caminos públicos, los ecologistas “nuevamente intentan demagógicamente confundir a la sociedad”, ya que, no sólo la ley no refleja nada al respecto, sino que las competencias en esta materia no las tiene la administración regional, sino, los ayuntamientos.

Eso sí, la ley, a petición del sector, han dicho, “incide en la necesidad, en aras de evitar accidentes de caza se debe señalizar y avisar de la celebración de una cacería”.

También se han referido a la última noticia que los ecologistas han filtrado a los medios y que, han señalado, “es otra clara falsedad”, ya que dicen que la Ley de Caza impone sanciones desde 200.000 hasta 2.000.000 de euros para aquellas personas que molesten la actividad cinegética, con mención clara a los seteros, cicloturistas o senderistas, algo que no es verdad.

Los representantes del sector cinegético han desmentido rotundamente esta información, hasta el punto, han señalado,“que la Ley de Caza establece como sanciones más graves hasta un máximo de 30.000 euros, y, en ningún caso, éstas se aplicarían en el caso citado”.

En cuanto a las cuestiones positivas de esta ley, Juan de Dios García ha destacado tres temas que hacen de esta ley una norma con un carácter netamente social.

Así, ha citado la creación de las zonas colectivas de caza que benefician a las sociedades locales de cazadores, la bonificación en tasas a estos cotos y, la aclaración de la responsabilidad de los daños a la agricultura que, ha dicho,“marcan un cambio significativo en el futuro de la caza social en esta región”.

Por otro lado, Luis Fernando Villanueva ha subrayado el carácter innovador y profesional de esta ley, así como la creación de los planes de ordenación cinegética y la necesidad de una mayor conocimiento sobre la gestión forestal sostenible, los planes zoosanitarios y las asociaciones de defensa sanitaria que aseguran el control de la sanidad de las especies, destacando asimismo el control de la pureza genética en el desarrollo de esta ley.

En contraposición, tanto APROCA como la Federación de Caza han asegurado que echan de menos en esta ley “una apuesta más clara para salvar la caza menor en la región, donde algunas especies, como la perdiz roja, están pasando por un momento crítico”.

Asimismo, también han sido críticos con el desarrollo de un régimen sancionador excesivo de la Ley de Conservación de la Naturaleza o la desaparición de las vías pecuarias de la superficie de los acotados.

En definitiva, tanto desde APROCA como desde la Federación de Caza de Castilla-La Mancha se ha hecho un llamamiento a la cordura para el correcto desarrollo de una Ley de Caza que, han asegurado, “cumple con las necesidades del sector cinegético y de la conservación del medio natural”.